Este lunes, la vicepresidenta Victoria Villarruel propuso endurecer la pena para quienes provoquen incendios en la Patagonia. En este marco, reclamó que haya más coordinación entre Nación y provincias y reavivó el conflicto con el presidente Javier Milei, quien está a favor del ajuste sobre el área: “Nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, afirmó.
La Justicia se encuentra en investigación para dar con el origen de los incendios. Por el momento está confirmado que se trató de una acción intencional que podría haberse avivado en contexto de diferencias políticas.
El pedido de Victoria Villarruel para salvar a la Patagonia
“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolor, por negligencia o en forma fortuita”, inició Villarruel su posteo en su cuenta de la red social X.
Luego afirmó que “todos los años se repite esta tragedia” que le “duele a todos los argentinos” y que “por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego”.
La vice reclamó “una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego”. “Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, cerró.
Investigación
La causa judicial avanza sobre el origen del fuego. El fiscal a cargo de la investigación en Chubut, Carlos Díaz Mayer, detalló que el incendio comenzó «en el medio entre la localidad de El Oso y Puerto Patriada». “Estamos queriendo determinar, por la cámara de seguridad, por la ubicación de las antenas de teléfono, por testimonios, y entrevistas que estamos tomando y que está tomando la policía, qué pasó, quién estuvo en el lugar y quién pudo haber provocado el incendio”.
El fiscal remarcó que en la zona inicial “no había un fogón, no había un asado, no era un lugar para hacer asado” y descartó versiones sobre la participación de comunidades mapuches. También advirtió sobre las consecuencias penales al señalar que el responsable “podría llegar hasta los 20 años de prisión si se comprueba el delito doloso”.