En el día de hoy, el gobierno de Javier Milei decretó la intervención de los medios públicos durante un año. Este sería el primer paso para la privatización de empresas tales como la Televisión Pública, Télam, Educ.ar, Pakapaka, entre otros.
Según trasciende, el interventor designado por el Ejecutivo es Diego Martín Chaher; en tanto, el interventor adjunto será Diego Sebastián Marías. Ambos trabajarán bajo la Jefatura de Gabinete comandado por Nicolás Posse, quien podrá prorrogar la intervención por una sola vez, según indica la normativa.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 111/2024, el Gobierno estableció que la medida abarca a Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar.
Milei ratificó sus promesas de campaña, entre ellas la voluntad de privatizar cuantas empresas pueda. El actual presidente definió que las organizaciones de origen público, sobre todo la TV Pública, son «un mecanismo de propaganda». Asimismo, el libertario sostuvo que «
Luego de ganar el balotaje frente a Sergio Massa, Milei había ratificado su expresa voluntad de privatizar estas empresas, a las que llegó a definir como “un mecanismo de propaganda”, sobre todo la TV Pública, bajo su lema “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”.
Los objetivos de la medida incluyen “reformular y readecuar las sociedades, evaluar o modificar el personal o aprobar un nuevo Estatuto, evaluar o modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias, modificar las contrataciones y la estructura de personal, y disponer de una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones”.
Además, la intervención estará encargada de “presentar una rendición de cuentas, designar funcionarios y personal y encargarse de mantener la sustentabilidad de las empresas”.
Desde diciembre de 2023, la TV Pública comenzó a depender del Jefe de Gabinete, que tiene atribuciones para “intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado” y también “en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización”.